Castañón insiste, una vez más, que “los datos reflejan lo que hemos venido denunciando todos estos meses: la incapacidad de gestión del equipo de gobierno”, lo que se demuestra en las acciones que “dependen de la acción política”.
El balance presupuestario conocido la pasada semana en la Comisión Especial de Cuentas refleja que la Diputación presupuestó en 2022 más de 84,3 millones de euros de inversiones reales. Al cierre del ejercicio, sólo se habían ‘reconocido’ actuaciones por algo más de 4,8 millones de euros, una cifra, a juicio del portavoz popular, que “ha impedido que la Diputación impulse la actividad en estos años de paralización económica”.
Uno de los ejemplos más evidentes es la mejora de la red provincial de carreteras. “El pasado año se movilizaron en el presupuesto más de 30 millones de euros para mejorar la red provincial de carreteras pero apenas se ejecutaron 600.000 euros”, incide.
“Aquí se demuestra”, apuntó, “la capacidad de gestión política de una institución: en la ejecución de las actuaciones que dependen, directamente, de su acción de gobierno”. Por ello, prosigue, “es lamentable que en el balance que realizó el presidente de la Diputación se ponga un sobresaliente de nota en la gestión económica cuando los datos reflejan, claramente, que estamos en un suspenso manifiesto”.
Castañón lamenta que “esta incapacidad de gestión” tenga sus consecuencias para León y los leoneses por cuanto “la Diputación tenía que haber sido en estos años una de las grandes locomotoras de la economía provincial” ya que está en una situación “económica envidiable”, un papel que “este equipo de gobierno no ha querido o no ha podido asumir”.
El portavoz popular insiste que “gracias a los 24 años de gobierno del PP la Diputación de León es la institución más solvente de la provincia” ya que, recuerda, en 1995 cuando el Partido Popular llegó al gobierno de la Diputación, “la institución provincial tenía una deuda superior al 100% del presupuesto”.
Esta ‘deficiente ejecución’ del presupuesto de 2022 no se limita a las inversiones que dependen de la gestión política. “Es cuestionable que, al cierre del año, sólo se hayan reconocido algo menos del 60% de las transferencias, es decir, el dinero que se da a los ayuntamientos y las juntas vecinales”.