La declaración detalla en siete puntos las reivindicaciones de las administraciones intermedias con el foco puesto de forma especial en el problema de la despoblación que padece una parte importante de España. De este modo, los presidentes y presidentas de las diputaciones, entre ellos el de León, declaran en el documento “su determinación de afrontar el reto demográfico, con el objetivo de lograr una mejor distribución territorial de la población”.
El texto detalla que las diputaciones son la instancia más adecuada para llevar a cabo la planificación concertada de actuaciones a fin de luchar contra la despoblación y de diseñar programas con esa finalidad. Entre las medidas a adoptar destacan fomentar y diversificar las actividades productivas, optimizar las infraestructuras y los equipamientos públicos, impulsar los servicios de interés público (como los financieros o los farmacéuticos) y garantizar los servicios públicos esenciales (sanitarios, sociosanitarios y educativos).
En este punto, la declaración señala que el reto demográfico exige, además, de un estatuto específico para los pequeños municipios. Se trata de una articulación de las políticas públicas atendiendo al territorio y a la distribución de la población, “que cubra las necesidades de los pueblos en el ámbito rural, pero también de las ciudades de tamaño intermedio, factor clave para la fijación de la población en su ámbito de influencia, y en las áreas urbanas donde las aglomeraciones humanas presentan exigencias particulares”.
El presidente de la Diputación de León ha resaltado que “sólo las diputaciones provinciales pueden ayudar a solventar la situación ante el reto demográfico”. “Somos las administraciones intermedias más próximas a los ciudadanos y que más compromiso tienen con los pueblos por el conocimiento que tenemos de ellos y se sus problemas”, ha añadido Eduardo Morán.
La Declaración de Valencia, que ha sido presentada por el presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, también se compromete con la reparación de los daños económicos y sociales causados por la pandemia de COVID-19 a través de la gestión de los fondos europeos, con la consecución del conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y con la apuesta decidida por avanzar en la transformación digital.
Revisar competencias y financiación
Además, los responsables de las diputaciones abogan por que se revise el marco competencial de los gobiernos locales intermedios, así como su financiación “para que los gobiernos locales intermedios, y los demás gobiernos locales, gocen de una adecuada capacidad económica, basada en fondos propios, libres de toda condicionalidad”. A este respecto, el documento agrega que en la reforma pendiente es indispensable “tanto la participación de los gobiernos locales, para que puedan exponer su situación y sus necesidades, como que el sistema de financiación resultante permita una distribución de los recursos económicos en la que se ponderen y equilibren, de forma adecuada, criterios poblacionales y territoriales”.
El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha participado en la V Conferencia de Presidencias de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares que se ha celebrado durante dos días en la ciudad de Valencia. Este encuentro entre los máximos representantes de las instituciones provinciales está organizado por la Diputación de Valencia, la Fundación Democracia y Gobierno Local y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y su homóloga en la Diputación de Barcelona, Núria Marín, presidenta a su vez de Democracia y Gobierno Local, abrieron la cita este jueves. A continuación, se sucedieron las ponencias y las mesas de debate a cargo de reconocidos expertos en el ámbito del municipalismo.