García, junto a los otros tres cargos públicos investigados en su día, Pablo Peyuca, Javier Guzmán y Manuel Ortiz, ha destacado en la lectura de un comunicado que “no hay pruebas, ni indicio sobre delito alguno”. Por esa razón han tomado hoy la palabra “cuatro ciudadanos que por fin nos sentimos liberados de un peso que se nos puso injustamente”.
El ex regidor ha recordado que por la causa nunca se llegó a juicio, a diferencia de otros lugares, y ha precisado que nadie ha recurrido el auto final de la jueza “ni siquiera IU, presentada como acusación particular, lo que acredita la firmeza del mismo”.
García ha destacado que Astorga es el primer ayuntamiento “al que se ha archivado la causa” y ha recordado todo el proceso de aquella mañana de julio de 2018, en su opinión “todo más que medido, no sabemos por quien, para salir en los telediarios”. El ex alcalde ha señalado que “por el aquel entonces la señora jueza decidió que la comparecencia hiciéramos en calidad de detenidos y no sabemos si por falta de tiempo no se nos escuchó hasta el día siguiente” y ha destacado que “toda esta situación vivida” le ha llevado a la reflexión de que en España “por ser alcalde y concejal se nos puede tratar como un vulgar delincuente”.
El ex regidor ha incidido en que “ni yo ni mis compañeros sabemos aún el nombre del responsable policial que se encargó de la investigación, se usó para juzgarnos una ley de contratos que no estaba vigente y todo ello llevó a calumniar e insultar a cuatro ciudadanos que no habían cometido ningún delito”.
García le ha deseado a la magistrada de aquel entonces que tenga una buena carrera y que lo vivido le ayude a calibrar futuras decisiones. En su caso no ha querido dirigirse a los responsables de la Udef, pero “todos sus errores abrieron el camino a que se nos difamara y se mintiera sobre nosotros en algunos medios de comunicación”, ha dicho.
El exalcalde también se ha referido a IU y a su portavoz a Chema Jáñez que “también fue puesto a investigación, no se le olvide”, y ha insistido en que su único mérito será “el de cobrar el sueldo más alto del municipalismo en Astorga”. A Jáñez le han deseado suerte y al resto de partidos que utilizaron el asunto en campaña les han recordado que “las mentiras tienen las patas muy cortas”. García ha leído parte de las conclusiones de la jueza titular de Astorga y que “certifican nuestra inocencia” y se ha preguntado qué “¿ahora quién repara el daño ocasionado?”.
García ha terminado dirigiéndose a todos aquellos que "nos juzgaron y condenaron antes de tiempo, para ellos mi más sincero despreció” y a todos los que confiaron en nosotros y a los periodistas honestos, a los policías de Astorga, a todos los ciudadanos que no dudaros, a ellos “gracias”.
En cuanto a si tomarán medidas legales ha dicho que está en estudio y ha avanzado que se va a pedir “derecho al olvido” de todas esas noticias que fueron contra nuestro honor. “Lo que queremos es dar carpetazo a este asunto”, ha dicho García, quien ha recordado que al PP se le ha pedido que restituya su filiación y los cargos que tenían.
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Arsenio García ha leído algunas de las conclusiones de la jueza donde se constata que no hay delito alguno:
“—Prevaricación administrativa.– sanciona a la autoridad o funcionario público que dicta sabiendo de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo:
Y dice textualmente la Señora Jueza, abro comillas:
“ No consta en las presentes actuaciones, en atención a la declaraciones de los investigados, ni a la documental existentes, se haya producido tal delito, en cuanto y como en concreto el Secretario del Ayuntamiento de esta localidad, indicó, la normativa vigente en la fecha en que se investigaron los hechos que dio lugar a la intervención y registro judicial, era, en contra de lo considerado por la Policía -en su amplio atestado-, la ley de contratos del Sector Público del año 2011 y no la del 2017 que indican los agentes… evidenciándose de lo actuado que ambos ayuntamientos, alcaldes y funcionarios, actuaron siempre conforme a la Ley del 2011, por ser la que estaba en vigor, por lo que difícilmente se puede concluir el haberse cometido ciertas irregularidades administrativas que se mencionan por los agentes, cuando tal legislación no les era aplicable… siendo muy de destacar que ninguna de las adjudicaciones aquí debatidas fueron recurridas en vía administrativa por la oposición en el gobierno, ni por nadie. Luego no puede hablarse de un delito de prevaricación al no existir ninguna resolución dictada por funcionarios y/o autoridades locales, injusta, ni arbitraria”
—Falsedad Documental— Sanciona a la autoridad o funcionario público que en el ejercicio de sus funciones altera un documento en alguno de sus elementos o requisitos esenciales…
Y dice textualmente la Señora Jueza, abro comillas:
“Sin que de lo actuado conste la comisión de tal delito por ninguna de las autoridades o funcionaros aquí investigados, al no constar que las resoluciones dictadas por los mismos en ninguno de las dos ayuntamientos no sean ciertas, al no existir providencias, resoluciones, informes, actas que no se ajusten a la realidad y veracidad en su contenido, en los intervinientes, en su dictado y firma, nada permite apreciar en su actuar, adopciones de resoluciones faltos a la verdad, ni alterados en forma alguna.”
—Tráfico de Influencias— condena a aquella autoridad o funcionario público que influye en otro funcionario o autoridad para obtener una resolución que le pueda generar beneficio económico a él o a un tercero.
Y dice textualmente la Señora Jueza, abro comillas:
“Nada se ha acreditado al respecto, en cuanto ningún funcionario público ni autoridad ha sido influenciado por un particular en las actuaciones enjuiciadas… Y si bien se indica por la policía que pudiera haberse intentado beneficiar a Agema por la concesión de tales contratos no es así, pues como se ha indicado la recogida de datos y conversaciones de la policía es sesgada y parcial de la que no se infiere la comisión de delito alguno, y una visión completa en el actuar de, cuanto menos, la legislatura del equipo de gobierno afectado (aunque algunas obras tienen su origen en el anterior equipo de gobierno), acredita que de las 63 obras que hizo el Ayuntamiento de Astorga, sólo 4 se dieron a la misma, si bien y además sólo ejecutó tres, pues una además le fue anulada por una demora en la ejecución de la misma”
—Revelación de Secretos— Autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados…
Y dice textualmente la Señora Jueza, abro comillas:
“Sin apreciarse tampoco tal ilícito (delito) en cuando no consta que en ninguno de las entidades, sus alcaldes o funcionarios, hayan revelado secretos o información que tuvieran y no pudiera divulgarse, ni en este caso, que las empresas los hayan obtenido, aprovechándose de ellos”
—Fraude a la Administración Pública.– autoridad o funcionario público que en cualquier acto de contratación pública se concierte con los interesados o use cualquier artificio para defraudar a cualquier ente público del estado, provincia o municipio.
Y dice textualmente la Señora Jueza, abro comillas:
“Delito que no ha existido en este supuesto…ninguna intervención consta realizada para defraudar ni al ayuntamiento ni a ninguna otra entidad pública… todas las obras, actuaciones, memorias o proyectos, se abonaron porque se hicieron y las empresas cobraron por lo realizado… luego ningún fraude se ha causado a los ayuntamientos investigados, ni por sus funcionarios y demás autoridades”
— Malversación de Caudales Públicos— Administración desleal y apropiación indebida sobre el patrimonio público…
Y dice textualmente la Señora Jueza, abro comillas:
“En este supuesto tampoco se aprecia delito alguno, en cuanto las disposiciones económicas efectuada por las entidades investigadas (Ayuntamiento de Astorga y empresas) han sido para el pago de las obras o trabajos efectivamente realizados, no constando que hayan dispuesto de más cantidades con otros fines lucrativos o de cualquier otro tipo, propios ni ajenos… Todos los empresarios o demás profesionales que figuran como investigados han indicado que cobraron las obras u otras actuaciones o encargos, adjudicadas y realizadas, sin recibir nada más en concepto alguno diferente a su trabajo hecho.
— Cohecho— Condena a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibe o solicita por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase…
Y dice textualmente la Señora Jueza, abro comillas:
“…Nadie dio, ni recibió, cantidad alguna, ni obsequios, ni ventajas, ni favores o concesiones de cualquier índole…ni los funcionarios de las entidades, ni los concejales, ni los alcaldes, ni los empresarios.”
Conclusión:
Y dice textualmente la Señora Jueza, abro comillas:
“Por lo tanto y en atención a todo lo expuesto, y analizadas las prueba ya referidas (contenido de las intervenciones telefónicas y lo hallado en los registros practicados, expedientes administrativos de los contratos públicos realizados, informes de la Policía Judicial, testimonio de las actuaciones seguidas ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona y el Juzgado de Instrucción nº 1 de León, las testificales y las declaraciones de los investigados practicadas), procede el sobreseimiento de las presentes diligencias previas y su archivo provisional en cuanto no se considera de lo actuado, razones ni indicios… para estimar justificada la comisión de los delitos origen de las mismas, ni de otros posibles, cometidos en el actuar tanto de los alcaldes de los Ayuntamientos de Astorga, ni del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo, como de los funcionarios públicos de tales entidades, de los concejales y de los empresarios de diferente índole, no precisando la práctica de más diligencias de investigación.”