Con esta moción, dirigida al Gobierno de España, el Grupo Municipal Popular quiere manifestar su profundo rechazo a la obligación de establecer una tasa de residuos por las entidades locales, teniendo que repercutir el coste íntegro de la recogida, gestión y tratamiento de residuos a los ciudadanos, sin ni siquiera permitir que el municipio apoye a sus contribuyentes asumiendo parte del mismo. El portavoz del PP, Julián García, ha indicado que lo que piden es “que se pueda eliminar de la ley los costes de la recogida y la gestión, ya que el reciclado va por otro lado”.
La portavoz del PSOE, Mar Castro, ha contestado que les “extraña escuchar esto ahora porque hace unos meses tuvieron la oportunidad de no haber sido el único ayuntamiento de la provincia, junto a Valencia de Don Juan, que nos ha impuesto el ‘Gersulazo’ (tasa que subió de 38 a 52 euros) en Astorga. Ahí si que tuvieron elección de no haberlo hecho. Lo que les queda por hacer es mucho trabajo para concienciar a la población, para que separen los residuos”. A este respecto de Gersul, el portavoz popular ha respondido que “seguimos con el mismo sistema y el ayuntamiento es un mero recaudador porque la Diputación ha desistido de sus funciones2.
Por su parte, desde IU, el concejal Ángel Núñez (Curro), ha insistido en que, “hagan el nuevo punto limpio o no, hay que poner los contenedores para que la gente recicle. Cuanto más reciclemos menos pagaremos por las tasas de utilización del CTR”.
Finalmente, con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de IU, el ayuntamiento de Astorga instará al Gobierno de España a:
1. Respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, como vienen haciendo hasta ahora en la gestión de los residuos, con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal.
2. Derogar la obligatoriedad de la implantación y aplicación de la tasa de residuos en todos los municipios y por el 100% del coste contemplada en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
3. Realizar un estudio del impacto pormenorizado que permita definir el coste por servicio.
4. Poner en marcha un Plan Nacional de infraestructuras para la Economía Circular que apoye la creación de las infraestructuras necesarias para el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos.
5. Contribuir a sufragar las campañas de comunicación de los ayuntamientos dirigidas a incentivar la concienciación ciudadana de compromiso con la separación de residuos y el reciclaje para la consecución de los objetivos comunitarios en materia de residuos.