Los convenios, encomiendas de gestión, modificaciones de características, solicitud de claves de acceso al catastro, problemas administrativos y de funcionamiento de las comunidades “duermen el sueño de los justos y no se les ve avance alguno pase el tiempo que pase”, lamentan en un comunicado remitido a Ical, y hasta “resulta complicado comunicarse telefónicamente con la mayoría de los responsables de la entidad”.
“Cabría suponer que hablamos de un organismo que debería estar al servicio de los usuarios, pero nada más lejos de la realidad. A todo esto podemos añadir que cuando por fin resulta posible celebrar una reunión, no sirve normalmente para nada, porque el único resultado son buenas palabras y promesas que rara vez llegan a cumplirse. Nunca se establecen ni objetivos, ni plazos, por lo que la parálisis es total”, subrayan.
La gota que colma el vaso, dicen los integrantes de Ferduero, es la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación, en la que aseguran que no se tienen en cuenta para nada sus intereses. “Está claro que el Ministerio para la Transición Ecológica vive en otra realidad, pero cabría esperar que la Confederación, más cercana al territorio, se preocupara más por dar solución a las necesidades de los usuarios, pero no es así”, reprochan.
Aseguran que si la situación no cambia, “no sólo nuestra postura seguirá siendo contraria a la aprobación del Plan Hidrológico, sino que estudiaremos otras medidas de presión ante la Confederación Hidrográfica del Duero, como pueden ser la convocatoria de movilizaciones y negarnos a hacer frente al pago de los cánones y tarifas que se nos liquidan, asumiendo el riesgo de que se nos puedan exigir por vía de apremio, tal y como determina la ley”.
Otro de los asuntos tratados en la asamblea y que las Comunidades de Ferduero consideran fundamental es volver a dar un impulso a la modernización de los regadíos con las dotaciones presupuestarias de las que se dispone en la actualidad, y demandan conocer la financiación y las condiciones a tener en cuenta para aquellas obras que puedan acogerse al Plan de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, para ayudar a cumplir el objetivo de modernizar las casi 80.000 hectáreas “que están en lista de espera en nuestra comunidad autónoma”.