Las diputadas inciden que se han reducido los límites de velocidad con una señalización provisional en las zonas donde el deterioro de la calzada es mucho más manifiesto, lo que exige, a su juicio, una intervención inminente. En este sentido, recuerdan que el Gobierno anunció en julio de 2024, hace casi un año, la adjudicación de las obras de adecuación de 36 kilómetros entre los puntos kilométricos 299 y 335 por un importe cercano a los diez millones de euros, una actuación que “todavía duerme en el cajón”.
También preguntan al Ministerio que dirige Óscar Puente cuál es el calendario previsto de obras de rehabilitación anunciadas en este tramo que, en principio, sólo afectará a uno de los sentidos de la circulación. Mientras, cuestionan al Gobierno qué medidas urgentes se adoptan para garantizar la seguridad de los conductores que circulan habitualmente por esta vía, más allá de la mencionada señalización provisional para reducir la velocidad respecto a la estándar de la autovía.