La protesta, iniciada a primera hora de la mañana, responde al malestar creciente de los regantes ante la repercusión de los costes de bombeo del agua desde el río Esla, una medida que, según denuncian, ha supuesto un aumento de las tarifas de hasta un 170 % y pone en riesgo la viabilidad económica de numerosas explotaciones agrícolas del Páramo Bajo, en las provincias de León y Zamora.
Desde la Comunidad de Regantes sostienen que esta decisión vulnera un acuerdo firmado en 1995 entre el Estado y los agricultores, por el que se establecía que los gastos energéticos derivados de la elevación del agua no serían asumidos por los regantes, sino compensados con los ingresos generados por el salto hidroeléctrico de Sahechores. Un compromiso que, según recuerdan, fue clave para la creación de la zona regable y para la transformación de miles de hectáreas de secano en regadío.
Los agricultores consideran que el cambio de criterio aplicado ahora por la CHD se produce sin negociación previa y tras una gestión energética que califican de deficiente, especialmente en el ejercicio de 2022, cuando los costes se dispararon de forma excepcional. A su juicio, no es asumible que las consecuencias de esa situación recaigan directamente sobre los regantes, muchos de los cuales han tenido que recurrir a avales para poder hacer frente a los pagos.
La movilización cuenta además con el respaldo de la Unión de Campesinos de Castilla y León, que ha mostrado públicamente su apoyo a las reivindicaciones del Páramo Bajo y ha criticado la falta de diálogo por parte de la presidencia de la Confederación.
Los municipios afectados por este conflicto incluyen, entre otros, Villamañán, Pozuelo del Páramo, Valdevimbre, San Pedro Bercianos, Bercianos del Páramo y Mairé de Castroponce, donde el regadío constituye un pilar fundamental de la economía local.
Los regantes advierten de que el encierro se mantendrá hasta obtener una respuesta directa de la presidencia de la CHD y no descartan intensificar las movilizaciones ni acudir a los tribunales si no se restablece el cumplimiento del acuerdo histórico que, aseguran, ha sido respetado durante más de tres décadas.