Estas acciones dirigidas a la Junta de Castilla y León para su puesta en marcha fueron rechazadas por el Partido Popular contando con el voto favorable del resto de grupos. La resolución finalmente aprobada cuenta con otros dos puntos que sí fueron aprobados por unanimidad por toda la Cámara: Reivindicar ante el Gobierno de España un incremento significativo de las ayudas de la PAC destinadas al cultivo del lúpulo y solicitar al Gobierno de España revisar y modificar la normativa vigente para eliminar la discriminación en el uso de productos fitosanitarios, permitiendo utilizar a los productores de lúpulo aquellos autorizados para otros cultivos similares como el viñedo.
En la defensa de esta iniciativa, el procurador por León Miguel Suárez recordó como el 95% de la producción de toda España se halla en la provincia de León, en la ribera del Órbigo; para señalar a continuación como “las condiciones de los productores son manifiestamente mejorables, de seguir así, muchas familias se van a quedar sin su principal sustento”, afirmó Suárez. El procurador leonés incidió en la defensa de esta iniciativa como, tras mantener diversas reuniones con productores “es muy importante que se proceda a certificar el lúpulo leones para poder operar en nuevos mercados, que les permita vender en mercados con mayor calidad y pudiendo tener una capacidad competitiva mayor”.