Se trata de cuatro proyectos solicitados por sendas empresas unipersonales propiedad del mismo grupo, que a su vez es promotor de iniciativas similares en otros municipios de la provincia. Con estas nuevas hectáreas, la mayoría de propiedad pública y uso comunal, la superficie afectada en la provincia por macroparques solares fotovoltaicos asciende a 6.225 hectáreas, a lo que hay que añadir centenares de kilómetros de líneas eléctricas aéreas de evacuación (por las fotovoltaicas y por las eólicas) con expropiaciones y servidumbres incluso en las zonas más productivas de agricultura de regadío, explica la organización.
También denuncian que a pesar de algunas declaraciones de responsables de las administraciones implicadas en la concesión de este tipo de permisos y licencias, a día de hoy no hay ninguna normativa que ordene la implantación de este tipo de actividad “que tanto perjuicio está causando al sector agroganadero de la provincia” y responsabiliza a los ayuntamientos y a las juntas vecinales de “echar del pueblo a los agricultores y ganaderos, los que siempre han estado ahí para todo, y a la Diputación de ampararlos en tan lamentable despropósito”.
Además, se preguntan dónde y cuándo se va a poner el límite, “si es que alguien está pensando en poner límites a transformar suelo agrícola en industrial, empobreciendo al sector primario y deteriorando el medio ambiente y la calidad de vida en el medio rural”.