La mayoría de los recursos se sustentan en el hecho de que la Consejería entendió que la segunda y tercera semana de agosto, cuando se produjeron los incendios, los cereales de secano ya estaban cosechados, y por lo tanto excluyó todas las parcelas que reunían dicho requisito. ASAJA considera que esto no era cierto, y que respondía a un prejuicio del personal directivo de la Consejería responsable de tomar la decisión, rayando incluso en la prevaricación.
Pasado un plazo más que prudencial, ASAJA entiende que se ha producido un silencio administrativo que indica la desestimación del recurso. La Junta no ha tenido con los damnificados de los incendios ni la decencia de responder a su reclamación, lo que se interpreta como un desprecio, una falta de sensibilidad y una nula empatía. Los hechos denotan que los políticos se mueven únicamente en función de sus intereses del momento, y que cuando se aparta el foco mediático, se olvidan hasta de las catástrofes y de las víctimas de las mismas.
ASAJA ha encargado ya a su despacho de abogados, Álvarez Higuera Abogados, que prepare el Recurso Contencioso Administrativo, en una acción colectiva, con el fin de presentarlo antes de que finalice el mes, en plena campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León. La organización convocará próximamente al grupo de afectados socios de ASAJA para informar de la iniciativa y apoderar a abogados y procuradores. La ayuda que se reclama es de 5.500 euros por explotación afectada.
Hay que decir que todos estos agricultores percibieron la ayuda que, para el mismo fin, aprobó el Gobierno de España, y que se canalizó a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.