• El ayuntamiento asegura que no existe ningún expediente que justifique la factura mientras la oposición reprocha al alcalde no haber gestionado el asunto antes

El pleno extraordinario celebrado este viernes en el ayuntamiento de Astorga ha abordado la reclamación judicial de 1.023.466,75 euros que ADIF exige al consistorio por las obras de emergencia realizadas en el paso superior de la N-120a sobre la línea ferroviaria León-A Coruña. El equipo de gobierno sostiene que en los archivos municipales no existe ningún expediente de contratación, convenio ni acuerdo que respalde ese pago, mientras que los grupos de la oposición han cuestionado la gestión realizada desde que se recibió la primera factura.

Durante la sesión, el alcalde, José Luis Nieto, ha expuesto la cronología del conflicto. Según explicó, el 17 de enero de 2023 ADIF comunicó al entonces concejal de Urbanismo el deterioro del paso superior e instó al ayuntamiento a adoptar medidas de seguridad. Tras varias comunicaciones, el gestor ferroviario ejecutó obras de emergencia que fueron adjudicadas en junio de 2023 por un importe de alrededor de 1,1 millones de euros.

La situación cambió en diciembre de 2024, cuando el ayuntamiento recibió una factura por más de un millón de euros por esos trabajos. Nieto ha asegurado que la factura fue devuelta por los servicios de Intervención al no existir expediente administrativo que justificara el pago. La reclamación fue reiterada en septiembre de 2025 y, finalmente, ADIF ha presentado una demanda en el contencioso-administrativo para reclamar la cantidad.

El alcalde también ha señalado que existen dudas sobre si la variante donde se produjo el problema fue formalmente recepcionada por el municipio. En este sentido, ha solicitado a la Secretaría municipal un informe para aclarar cuándo y en qué condiciones se habría producido esa cesión.

Desde la oposición, el exalcalde Juan José Alonso ha defendido que durante su mandato ADIF asumió las obras por iniciativa propia ante la gravedad de la situación y ha negado que existiera ningún acuerdo para que el ayuntamiento pagara la actuación. Además ha recordado el excalcalde, que en 2024, cuando se recibió la factura, el alcalde ya era Nieto. La oposición ha reprochado al actual equipo de gobierno no haber intentado resolver el conflicto antes de que llegara a los tribunales.

El alcalde ha insistido en que el consistorio no puede asumir un pago sin respaldo administrativo y ha asegurado que el objetivo ahora es reunir la documentación necesaria para defender los intereses municipales en el proceso judicial.

La reclamación supera el millón de euros, una cifra que el propio regidor ha señalado que tendría un fuerte impacto en las cuentas municipales si finalmente el ayuntamiento fuera condenado a abonarla.