La irrupción de la pandemia del COVID ha supuesto un aumento en las tasas de exclusión y una reducción del espacio de integración plena en Castilla y León. Hasta el punto que uno de cada seis habitantes de la Comunidad, 18 por ciento del total de la población, está en situación de exclusión, lo que se se traduce en 426.000 personas. De ellos, 225.000 sufre la exclusión severa, después de aumentar un 54,1 por ciento desde 2018 por el impacto del coronavirus, según el último informe de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) presentado hoy por Cáritas.
La conclusión de Cáritas es que las personas que eran más vulnerables antes de la pandemia son las que han sufrido las peores condiciones con la crisis social y económica generada a raíz del COVID. Es por ello que Cáritas urgió a “avanzar” y “aliviar” el alcance de la respuesta proporcionada por las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad para lograr proteger a las familias más desprotegidas. En concreto, la organización vinculada a la Iglesia abogó por “perfeccionar” el sistema de protección social, que pasa, por ejemplo, por mantener estables para el futuro las medidas provisionales adoptadas en salud y vivienda para evitar nuevas situaciones de exclusión y que no se conviertan en crónicas; mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital; implementar medidas que reduzcan la “hiperflexibilidad” laboral, los empleos no cualificados, temporales y precarios; la complementación de los salarios escasos; garantizar un sistema de salud público de calidad; establecer un plan contra la exclusión residencial; superar la brecha educativa generada por el apagón digital y avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades del siglo XXI.
El obispo de la Diócesis de Astorga y obispo encargado de Cáritas Española, Jesús Fernández, añadió que el nuevo informe de Foessa, encargado para medir el impacto de la pandemia, demuestra que, con cada nueva crisis, se incrementan los hogares en exclusión mientras que por cada periodo de bonanza no se reduce tanto.
Gastos excesivos en vivienda
El informe constata que los problemas más frecuentes y que más afectan a más del ocho por ciento de la sociedad castellano y leonesa son los gastos excesivos de vivienda (13,2 por ciento), la pobreza severa (10,9 por ciento), la inestabilidad laboral grave de la persona sustentadora principal del hogar (10,9 por ciento), la presencia en el hogar de al menos una persona desempleada de larga duración (9 por ciento), el desempleo de todas personas en edad activa que residen en el hogar (8,4 por ciento) y la falta de interés de participar en procesos electorales o en entidades ciudadanas (8,4 por ciento).
Y es que Foessa precisa que más de un 65 por ciento de la población en situación de exclusión social está afectada por problemas en la dimensión del empleo y en torno a un 60 por ciento por problemas en el consumo y la vivienda. En el caso de la población en situación de exclusión severa, los porcentajes se disparan hasta el 81 por ciento en empleo, el 75 por ciento en vivienda, el 65 por ciento en consumo y más de la mitad en la dimensión de la salud. En este sentido, Ubrich habló de un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente.
Precariedad del empleo
El informe de Cáritas expuso que el empleo se ha caracterizado durante la pandemia por la precariedad, que se ha duplicado y alcanza a más de 79.000 hogares (un once por ciento del total) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave. Se trata, por ejemplo, de las cabezas de familia que en el último año han tenido tres o más meses de desempleo, tres o más contratos diferentes, en tres o más empresas distintas. “Esta inestabilidad laboral grave genera pobreza económica pero también frustración, laboral y personal, y tiene efectos a nivel psicológico y emocional, sin olvidar la peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo”, expuso Thomas Frederic Ubrich.
El informe señala que casi dos de cada diez familias castellanas y leonesas residen en viviendas inadecuadas y una cuarta parte sufre problemas de inestabilidad residencial. Esto se traduce en que más de 119.000 hogares no tuvieron dinero suficiente para el pago de los gastos relacionados con la vivienda (alquiler, hipoteca y facturas de suministros).
De ahí que Martín de Lera destacara el “importante” papel de Cáritas para reducir los efectos negativos de la crisis social que, a raíz de la pandemia, ha marcado un “punto de inflexión” en la evolución de las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias . “Con relación a los años anteriores, se ha dado un fuerte aumento, del número de personas acompañadas por nuestros programas de atención a necesidades básicas, con problemas crecientes de desempleo, ingresos, viviendas y salud mental”, aseguró. Una situación que se ve amenazada por nuevos problemas como la guerra “absurda” en Ucrania y un incremento “desmesurado” de los precios. “Nos ponen, otra vez, a las puertas del sufrimiento y de una nueva crisis social y económica”, precisó.
Brecha de género y por ser extranjero
Foessa puso el acento en dos brechas que siguen “activas” como es la de género y la nacionalidad extranjera, sin olvidar la edad. El informe recoge que la crisis de COVID ha feminizado “aún más” el espacio de exclusión en Castilla y León al precisar que la exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 17 por ciento en 2018 al 25 por ciento en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 12 al 15 por ciento).
El país de origen también constituye un rasgo diferencial en el caso de las brechas de exclusión. Más de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentra en situación de exclusión, esto significa 3,5 veces mayor que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una “nueva línea de profundidad en la sociedad fracturada”.
Una tercera brecha se abre en la sociedad castellano y leonesa por el incremento de la tasa de exclusión entre las personas más jóvenes. No en vano, uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social. Uno de los coordinadores del informe manifestó que uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social que les impide dibujar proyectos de vida como dar el salto para convertirse en adulto. No en vano, un colectivo sin empleo o trabajos temporales y precarios imposibilitan la emancipación, el sustento de una vida independiente o la creación de una familia.
Además, más de 70.000 hogares (siete por ciento) sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos sanitarios por problemas económicos, esta realidad se dispara entre los hogares en situación de exclusión, afectando a cuatro de cada diez de éstos.