El acusado de provocar un incendio forestal que calcinó cerca de 10.000 hectáreas en agosto de 2017 en la comarca leonesa de La Cabrera, J.V.C., negó hoy ser el responsable de los hechos, al tiempo que consideró que ayudó “mucho” en su extinción y detalló que en el momento en que se originó el fuego se encontraba en otra zona de la localidad de Losadilla, en el término municipal de Encinedo, junto a unos primos.
Así lo apuntó durante su declaración en el juicio que comenzó hoy en la Audiencia Provincial de León y que se extenderá hasta el jueves, para tratar de determinar si el acusado fue o no el autor de los hechos por los que la Fiscalía solicita una pena de cinco años y medio de prisión y una multa de diez euros al día durante 20 meses, lo que hace unos 6.000 euros en total, por un delito de incendio forestal agravado, así como indemnizaciones a la Junta de Castilla y León, a las juntas vecinales de Truchas, Cabrillanes, Castrillo de la Ribera y Encinedo y a una serie de perjudicados.
“No prendí el fuego ese día, no vi a nadie que lo hiciera y no sé de nadie que se pueda beneficiar por el incendio”, afirmó, al tiempo que relató que ese verano llegó a Losadilla antes del 15 de agosto, “a donde iba cada poco de ocio, de caza o de visita a la familia”. El día 21 de agosto, cuando comenzó el fuego, comió con unos primos en su casa y se fue a dormir la siesta sobre las 16 horas, mientras que sobre las 18 horas, aproximadamente, se fue a por unos palos que había cortado días antes. Cuando volvía a su casa, según su relato de los hechos, se encontró con unos primos en una zona que se llama La Ermita y volvió con una de ellas a casa.
Tras dejar los palos en casa, J.V.C. contó que se volvió a una zona con una poza con las personas que se había encontrado antes, donde llegaría pasadas las 18 horas y toma unas fotografías para mandárselas a su mujer, cuya hora de captura es pasadas las 20 horas. Fue sobre las 21 horas, según relató, cuando todos se fueron a sus casas y por el camino comenzaron a ver humo, pero nadie avisó a emergencias porque “bajó alguien y dijo que ya habían llamado”. “Yo no llamo a nadie, ni aunque vea a alguien disparando con una pistola porque una vez llamé porque un hombre pegaba a una mujer y luego tuve que ir a declarar y me quiero evitar problemas”, sentenció.
Sobre la zona en la que se produjo el incendio, conocida como Reguera de Palacio, se encuentra cercana a Losadilla, “entre unos 15 minutos o media hora”, y explicó que se llega por una camino “poco transitado y accesible para coches”, así como que cuenta con “mucha vegetación”, de manera que “es fácil que si se produce un incendio se extienda rápidamente”. Como cazador, lamentó que “que haya un incendio es muy negativo y afecta un montón a la caza”.
Una vez que el incendio ya se había producido y se fue acercando hasta la zona de las viviendas, el acusado recordó que la evacuación se produjo tres días después de su inicio y aseguró que él participó “mucho” en las labores de extinción por la zona del río, hasta que, “Seprona nos mandó marchar, no sé por qué”.
J.V.C. se reconoció “fumador”, con “entre dos y tres cajetillas al día”, y explicó que cuando fuma en el campo pisa las colillas “para que no prendan fuego”, pero no se las lleva para tirarlas en otro lado. Asimismo, preguntado por la existencia de unos 75 incendios originados de forma intencionada en la zona de Losadilla en los años cercanos al suceso, en alguno de los cuales fue investigado, negó su participación y comentó que “en el pueblo no se sabe quién podría ser”.
Seprona
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil que testificaron en esta primera jornada del juicio, aseguraron que “desde un primer momento se tenía claro que el incendio de había originado de manera intencionada”, por lo que se comenzó a tomar declaración a personas del pueblo, entre los que se encontraban las personas con las que el acusado relató que había ido a la poza de Losadilla.
De estas declaraciones, los agentes destacaron que el acusado “indagaba y preguntaba a la gente qué habían manifestado” porque se encontraba “un poco molesto”, así como la existencia de “contradicciones” sobre el momento en el que se encontraron en la poza. Durante su declaración, J.V.C. comentó a los agentes que ya había sido investigado por un incendio en Forna, mientras que cuando se le pregunta por la poza “tiene mucho interés en que se vea unas fotografías que le ubican allí pasadas las 20 horas”.
Uno de los vecinos de Losadilla pidió días más tarde volver a declarar ante Seprona para aportar nuevos datos y comenta que había gente que había visto bajar a J.V.C. del camino por el que se accedía a la zona del incendio “con unos palos en la mano” y que comentó que “venía de recoger lombrices para pescar” para dejarlo en casa y, unos 15 minutos más tarde, volver a la zona de la poza.
“Este detalle, de suma importancia, unido a las irregularidades con el asunto de la poza, fue lo que llevó a citarle para declarar de nuevo”, expusieron los agentes, para quienes la investigación “comenzó a tener algo de luz” aunque se dieron cuenta que “la gente realmente no había contado lo que sabían”, por lo que se solicitó la intervención de varios teléfonos móviles, de donde se extraen “conversaciones muy llamativas y contradictorias con los relatos previos”.
Ministerio Fiscal
La Fiscalía, en su escrito de calificación previa, considera que el acusado, J.V.C., fue quien inició el fuego en la tarde del 21 de agosto de 2017, bien sea mediante una llama directa o con algún artefacto de retardo. Ello lo hizo “siendo plenamente consciente de que por la fecha, la hora y el lugar en que lo hacía, la propagación del fuego sería rápida”.
Así ocurrió, porque las llamas se propagaron con rapidez y de manera virulenta por varias localidades de la zona conocida como La Cabrera, lo que incluso obligó a desalojar algunas de ellas por la proximidad a las viviendas. Concretamente, el incendio calcinó un total de 9.964, 28 hectáreas entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre, cuando se dio por extinguido.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años y seis meses de prisión, así como una multa de diez euros diarios durante 20 meses, lo que hace un total de unos 6.000 euros, por un delito de incendio forestal agravado, así como indemnizaciones a la Junta de Castilla y León, a las juntas vecinales de Truchas, Cabrillanes, Castrillo de la Ribera y Encinedo y a una serie de perjudicados.