En este sentido, según la preguntas escritas, calificadas este martes por la Mesa del Congreso, la formación persigue saber el impacto del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) en la estructura y capacidades operativas del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña (RALCA 63) y en la posición estratégica del cuartel Santocildes de Astorga (León) y, en este sentido, conocer las mejoras en infraestructuras y servicios previstas para adaptar esta base militar a las nuevas necesidades operativas y tecnológicas que implica el SILAM.
Además, han demandado saber el grado de participación de las empresas españolas en la fabricación y mantenimiento del lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) y su munición, así como forma en la que se va a garantizar la transferencia de tecnología y la creación de empleo cualificado en la zona.
Y conocer el número de nuevos soldados y personal civil que se prevén incorporar, como consecuencia de la llegada del sistema de lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) y la modernización de las instalaciones, en el cuartel Santocildes de Astorga, así como el impacto en el empleo y la economía local de Astorga y su comarca, sin olvidar el calendario previsto para la implantación del sistema lanzacohetes de alta movilidad y las fases de ejecución de la inversión de 714 millones de euros anunciada para este programa.
Por otro lado, han interpelado al Ejecutivo acerca de las actuaciones concretas realizadas en los últimos dos años para reforzar la red de transporte eléctrico en la provincia de León, especialmente en lo relativo a la incorporación de posiciones de consumo en los nudos de transición justa.
Y todo ello sin dejar pasar por alto la previsión del Gobierno de activar en el presente ejercicio 2025 los concursos de la provincia de León: Compostilla 220 kV, Compostilla 400 kV, La Robla 400 kV, Montearenas 400 kV y Montearenas 220 kV.
Además, han preguntado al Gobierno por los mecanismos de control para garantizar que los proyectos seleccionados en los concursos de nudos de transición justa generen un impacto real en términos de empleo, inversión territorial y reducción del impacto ambiental.
En otra batería de preguntas escritas las populares han solicitado los criterios del Gobierno para priorizar la convocatoria de concursos de acceso en unos territorios frente a otros, así como forma en la que se garantiza la igualdad de oportunidades para las zonas afectadas por el cierre de la minería y las centrales térmicas.
Así, han solicitado una valoración de la situación socioeconómica actual de las comarcas del Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa, así como las medidas previstas para revertir el declive demográfico y económico de estas zonas.
Por otro lado, Muñoz y Franco han pedido al Gobierno que se posicione respecto al cierre de la empresa Azucarera en La Bañeza, así como sus previsiones acerca de proponer la revisión de las condiciones de producción de remolacha en España y en Europa para equipararlas a las de países terceros.
Finalmente, han solicitado conocer la intención de la empresa Teleperformance España de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE), que afecta a seis centros de trabajo y especialmente al de Ponferrada.