Los diputados Andrés Lorite y Carmen González Guinda pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso han preguntado por la causa por la que el Gobierno de España excluye a las autopistas de peaje leoneses de las rebajas o liberalizaciones previstas para otros territorios.

Según indican los populares, el gobierno prevé 55 millones de euros para liberar y rebajar peajes en algunas autopistas pero quedan excluidas las de León de la planificación estatal, lo que perjudica gravemente el desarrollo económico de León, la movilidad en municipios como Valverde de la Virgen que padece una peligrosa saturación de la N-120 , Villadangos ve agravada la accesibilidad al polígono industrial por la autopista y Astorga se ve muy perjudicada a pesar de ser un importante nudo de comunicaciones.

Desde el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana señalan que ya en su momento se iniciaron estudios para el establecimiento de bonificaciones al desvío obligatorio de tráfico pesado desde carreteras convencionales hacia autopistas de peaje pero una sentencia del Tribunal Supremo anuló esta iniciativa en otros tramo similar entre “Zambrana-Tudela” por lo que nunca llego a nuestra zona.

En cuanto a la cuestión de que la autopista se libere total o parcialmente del peaje, se indica que el Gobierno no contempla dicha posibilidad. En referencia a si el Gobierno va a tratar este problema con el mismo procedimiento aplicado en Burgos con la N-1, debe señalarse que la Autopista AP-1 se liberó de peaje porque su contrato concesional finalizó. Ese no es el caso de la Autopista AP-71, cuya concesión finaliza en el año 2055. La decisión unilateral de la administración de eliminar el peaje rompería el equilibrio económico financiero de la concesión, que la Administración viene obligada a mantener, con el consiguiente pago de indemnizaciones que supondría un elevado coste para el erario público.