El presidente del Consorcio Provincial de Residuos de León (Gersul) y diputado de Hacienda, Santiago Dorado, anunció hoy que la Diputación de León pasará a ser titular de la gestión de los residuos sólidos urbanos en la provincia, lo que provocará la extinción del consorcio. Según explicó Dorado, esta operación jurídica denominada como cesión global de activos y pasivos, mediante la que el consorcio transmite en bloque todos los derechos y obligaciones a la institución provincial, es “la solución que mejor encaja” para afrontar los “retos muy importantes” a los que Gersul debía hacer frente en el corto plazo.
Al respecto, Dorado explicó que algunos de esos retos tienen que ver con la adaptación a la nueva ley de residuos y suelos contaminados, el aumento de los porcentajes de reciclaje exigidos o el incremento progresivo de la ‘ecotasa’, el tributo que se paga por cada tonelada que va a vertedero. Estas medidas obligarán a modificar las actuales instalaciones de tratamiento de residuos, lo que supondrá tener que acometer “importantes inversiones”.
Además, el actual contrato con la UTE Legio VII vence en noviembre de 2024 y el consorcio, con un plantilla de cuatro personas, carece de los medios humanos y técnicos para afrontar la redacción de los pliegos “con las mayores garantías”, explicó Dorado, que subrayó que se trata del “contrato más importante de la provincia”, con un valor estimado de unos 12 millones de euros al año.
A la espera de su aprobación por parte de los órganos de gobierno del consorcio y de la Diputación, la cesión de activos y pasivos convertirá a la institución provincial en titular de la gestión de los residuos sólidos urbanos en la provincia e irá aparejada de la extinción del consorcio. De este modo, la Diputación asumirá de forma directa la competencia en los municipios de menos de 5.000 habitantes y deberá suscribir convenios de cooperación con el resto de municipios, que gozan de esta competencia propia.
Respecto a la actual tasa de Gersul, Dorado confirmó que desaparecerá de la mano de la extinción del consorcio, aunque la Diputación tendrá que establecer una nueva tasa cuando pase a ser titular de la gestión. “Estimamos que no va a ser necesario un incremento”, apuntó Dorado, que aseguró que la intención es “concluir el proceso cuanto antes” para que este nuevo modelo de gestión pueda implantarse a principios de 2023. La medida cuenta con el consenso generalizado de los grupos políticos de la Diputación y de los representantes de los municipios más poblados de la provincia.
En su comparecencia ante los medios, Dorado también quiso lanzar un “mensaje de tranquilidad” a los trabajadores de la UTE Legio VII, que mantienen aplazada hasta el mes de diciembre su convocatoria de huelga en el servicio. “La Diputación asume esta competencia para dar garantía de continuidad al servicio”, explicó el diputado de Hacienda, que confirmó la existencia de un “principio de acuerdo” con los responsables de la UTE para revisar el canon de explotación. A la espera de “concretar cantidades”, Dorado confió en que el acuerdo pueda tomar forma definitiva “en las próximas semanas”.