Desde el Gobierno autonómico, las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, han reclamado al Ministerio de Trabajo que no autorice el despido colectivo, ya que “no concurren las condiciones” para ello. En su lugar, han pedido que se transforme en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y se active el Mecanismo RED, lo que permitiría mantener los puestos de trabajo con protección especial y bonificaciones durante un máximo de dos años.
Ambas consejeras han insistido en que “el cese de actividad debe ser considerado como un cierre”, lo cual exigiría medidas más garantistas para los trabajadores. Además, han reclamado a Azucarera que mantenga su apuesta por el sector en Castilla y León y no traslade a los agricultores los sobrecostes del transporte a otras plantas.
Por su parte, el comité de empresa ha valorado positivamente la reunión con las consejeras, pero subrayó la urgencia de ir más allá de los pronunciamientos institucionales. Su presidente, Benigno Pérez, ha pedido una “unidad real” entre Junta y Gobierno central, así como la implicación de todos los partidos políticos, especialmente en León, donde lamentó la ausencia de algunas figuras clave. “No se puede permitir que se cierre una de las pocas industrias que quedan en una comarca tan castigada como esta”, advirtió.
El comité también ha llamado a las organizaciones profesionales agrarias a sumarse a la lucha, ya que “si fracasa la Azucarera, la remolacha se pone en peligro”. En este sentido, ha anunciado un calendario de movilizaciones que comenzará este miércoles, 4 de junio, a las 11 horas, con una concentración a las puertas de la planta, y continuará el viernes, a las 20h, en la plaza mayor de La Bañeza. Además, el próximo martes, 10 de junio, acudirán al Pleno de las Cortes.
Pérez ha advertido que los trabajadores utilizarán “todos los mecanismos posibles” para evitar tanto despidos como traslados, y no descartan extender las protestas a otros escenarios como las tiendas de Primark, al formar parte del grupo empresarial.
Mientras tanto, la Junta ha reiterado que trabajará para revertir la decisión de la empresa, al considerar que la situación es coyuntural y que existe viabilidad para el mantenimiento de la planta.
