os regantes presentaron un paquete de alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Duero para el siguiente periodo, en el que reclaman el incremento de la capacidad de regulación hasta de un 12 por ciento, que garantizaría la demanda de las zonas regables. Esto, unido al ahorro de agua de entre un 25 y un 30 por ciento, derivado del proceso modernización de los regadíos, “consolidará la actividad en la zona rural y, por tanto, la presencia de población en la misma”, lo que asegurará la permanencia de jóvenes “ligados a la actividad agraria que frenarán el problema de la despoblación en los pueblos de Castilla y León donde, además, las obras de regulación habrán controlado los riesgos de inundación”.

Con esta alegación, el presidente de la Asociación Ferduero, Ángel González Quintanilla, trasladó a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Cristina Danés, que confía en que tengan en cuenta sus ruegos, dado que de lo contrario, amenazó con oponerse al documento actual. En todo caso, Ferduero mantiene una movilización para el martes 21 de diciembre frente a la sede del organismo de cuenca por este motivo.

“Toda la sociedad, que disfrutará del medio ambiente, colaborará en el pago del coste ambiental que, unido al pago concesional aportado entre todos los usuarios del recurso agua, ayudarán a la estabilidad económica en la zona regable gestionada por las comunidades de regantes, tanto de aguas superficiales como subterráneas, apoyadas en su encomienda por las juntas centrales de usuarios tuteladas por el organismo de cuenca”, determinó González Quintanilla..

Desde Ferduero entienden que a pesar de las alegaciones, “mucho tiene que cambiar la filosofía y el contenido” del borrador para que el voto de los usuarios regantes cuando sea informado por el Consejo del Agua de la Demarcación sea favorable.

Asimismo, otras de las demandas que trasladó a la administración hidráulica es que se estudien y trasladen propuestas “constructivas y razonables para conseguir el anhelado reto demográfico del que tanto se habla”; que se analice de manera científica y eficiente la procedencia de la llamada contaminación difusa, que recibirá alrededor de mil millones de euros en el plan. Al respecto, reclamó que se proporcionen a los regantes los instrumentos “adecuados para reducirla e, incluso, eliminarla en aquella parte en la que los agricultores puedan ser responsables sin perder productividad ni rentabilidad en las explotaciones”.

En este sentido, afeó que “se está demonizando al sector en este asunto”, puesto que tanto en el pacto verde como en la aplicación de los ecoesquemas “se está propugnando una reducción drástica de los fertilizantes que afectará a la rentabilidad de la agricultura”.

Aguas subterráneas

Ferduero también se opone a los peajes que se pretenden aplicar en las modificaciones de características de las concesiones de aguas subterráneas porque va a perjudicar de forma significativa a los actuales usuarios de las mismas y aboga por la constitución de comunidades de regantes de aguas subterráneas para mejorar el estado cuantitativo y cualitativo de dichas aguas.

Igualmente, apelaron al mantenimiento de los valores actuales establecidos para los caudales ecológicos y se eliminen los máximos. También, reclaman en su paquete de alegaciones un “impulso definitivo” a la modernización de regadíos hasta completar la revolución iniciada para “cambiar radicalmente el sistema de riego con el fin de ahorrar agua, perfeccionar su gestión, mejorar el medio ambiente y dignificar la profesión del agricultor”. En este punto, pidieron seguir incrementando la regulación para cubrir las necesidades de los regadíos presentes y los que están proyectados, con el objetivo de “compensar la disminución de aportaciones derivada del cambio climático y paliar a la vez los riesgos de inundación”; y finalizar el desarrollo de las zonas regables que “llevan años esperando ver culminada su ejecución”.

Por otro lado, Ferduero rechaza cualquier modificación del régimen económico-financiero que pueda incrementar los costes a una agricultura de regadío “ya lastrada por las fuertes inversiones que está acometiendo para modernizarse y por los aumentos de todos los costes de los inputs necesarios para llevar a cabo su actividad”, entre los que citó, entre otros, los combustibles, fertilizantes, transportes y energía eléctrica.

También, demandaron que se cumpla íntegramente el programa de medidas que resulte del futuro Plan que se apruebe; que se apliquen las mismas dotaciones máximas para todos los usuarios de un mismo sistema de explotación adaptadas a las reservas existentes en cada año hidrológico; y que se dé agilidad en todas las tramitaciones administrativas, además de una participación “real y activa” de los usuarios en la elaboración del Plan.

Por último, apelan a la puesta en marcha de una campaña de concienciación social en la que participen todos los agentes implicados en la administración del Agua en la que se presente a los regantes como “garantes del mantenimiento del medio rural y de la seguridad y sostenibilidad alimentaria, haciendo ver a toda la sociedad que uno de sus principales objetivos es hacer compatible su actividad económica con el medioambiente”.