La problemática viene ya de años atrás. Colea desde 2012 y se recrudeció en 2019 cuando se aprobó el nuevo convenio que ya recogía ese aumento de los salarios que aún no se ha materializado “aunque si se han hecho las auditorias”. Ahora habrá asambleas con los trabajadores y una reunión con el Serla pero, o mucho cambia el panorama, o la huelga llegará en septiembre.
El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, pidió hoy “un poquito de paciencia y de prudencia” a los trabajadores de la UTE Legio VII, que gestiona el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de la provincia, ante las amenazas de huelga en el servicio de recogida de basuras de cara al mes de septiembre. “Nos tienen que dar un poco más de tiempo para cumplir nuestros compromisos”, reclamó el presidente provincial, que defendió el “trabajo ímprobo” llevado a cabo por el presidente del Consorcio Provincial de Residuos de León (Gersul), Santiago Dorado, para poner al día las cuentas del organismo.
En la misma línea, Morán elogió la “seriedad, honestidad y responsabilidad” de Dorado al frente de Gersul y consideró que las críticas contra su gestión “no son de justicia”. El presidente provincial reconoció que, debido a las deudas que arrastraba el Consorcio, “no se han hecho las inversiones que se deberían haber hecho” pero criticó las “prisas” con las que ahora se exigen las mejoras salariales y laborales.
En ese sentido, recordó a los trabajadores y a los representantes sindicales que su vínculo laboral es con la concesionaria con la que tienen que firmar un convenio y apeló a la “responsabilidad” de la UTE para acelerar al máximo esta gestión. “No sé si les puede sonar a tirón de orejas”, apuntó Morán, que recordó que la plantilla se mantiene sin convenio desde el año 2013.
Cabe recordar que el pasado mes de abril, los trabajadores plantearon una huelga indefinida en la recogida de basuras en León de cara a la Semana Santa. La principal demanda de los empleados pasó entonces por la revisión del coste del servicio que la empresa reclama que sea actualizada para aplicar la subida salarial que solicita la plantilla, formada por unos 170 empleados.
Al respecto, Morán insistió hoy en que esa revisión ya se está estudiando de la mano de los funcionarios de Diputación y de una empresa encargada de una auditoría externa. Aunque las reuniones mantenidas en abril consiguieron desactivar la protesta, los representantes de los trabajadores anunciaron ayer que en el mes de septiembre reactivaran el conflicto.