La Asociación Teleno Libre denunció hoy que la Junta de Castilla y León “coloca a la Sierra del Teleno en un limbo forestal que deja desprotegidos a los habitantes y la riqueza natural y arqueológica que se encuentran en el interior del campo de tiro militar” al no contabilizar como gran incendio forestal las cerca de 4.000 hectáreas arrasadas por el incendio declarado a finales del mes de agosto en la zona de caída de proyectiles, de las que un diez por ciento forman parte de los montes que se encuentran fuera del perímetro militar.

“La Junta, sin ningún pudor, ha borrado del mapa de los GIF de esta campaña al mayor incendio forestal de la provincia de León de este 2022. Imaginamos que restar casi 4000 hectáreas a la superficie calcinada en esta desastrosa campaña en Castilla y León, alivia la conciencia de quien tiene que ser el garante de la protección de nuestro medio natural”, aseguran desde la asociación.

Además, explican que, al no reconocer como GIF al incendio del campo de tiro, la Junta “impide”, por ejemplo, que la apicultora que perdió su explotación como consecuencia del fuego haya podido beneficiarse de las ayudas que la Consejería de Agricultura convocó en noviembre para los titulares de explotaciones agrícolas ubicadas en los municipios afectados por los incendios forestales de Castilla y León “con reconocimiento oficial del desastre”.

Teleno Libre exigió a la Junta de Castilla y León que “deje de tomar el pelo a una población castigada por la insensibilidad de quienes bombardean sistemáticamente las laderas del pico más alto de los Montes de León” y que contribuya a “salvaguardar la riqueza natural avalada por la Reserva Natural Fluvial del río Duerna, y las redes LIFE y Natura 2000 que incluye la Zona de Especial Protección de Aves, ZEPA, ‘Montes Aquilanos’; el Lugar de Interés Comunitario, LIC, ‘Montes Aquilanos y Sierra del Teleno’; y el LIC ‘Ribera del Órbigo y afluentes’”.

Ante la “inacción” de la administración autonómica para defender el patrimonio natural y arqueológico del Teleno, el colectivo avanzó que pedirá amparo a la Unión Europea para que la Junta “cumpla con sus competencias en Medio Ambiente” y proteja “a quienes conviven con un vertedero de munición”, así como para que “obligue a la administración autonómica a vigilar y controlar la gestión medioambiental del campo de tiro”, al suponer “una constante amenaza para las 48.000 hectáreas forestadas o repobladas que lo rodean y para los aprovechamientos de los montes que limitan con la infraestructura militar”.