Según fuentes cercanas consultadas por la agencia Ical, se trata de un permiso de investigación por un tiempo de tres años, pero con posibilidad de prorrogarse hasta en dos ocasiones por el mismo periodo. Es decir, que los sondeos podrían extenderse incluso por nueve años, con el fin de constatar si existe algún tipo de mineral, y en cantidades suficientes, que merezca la pena su explotación posterior.
A día de hoy, la firma centroamericana prevé invertir alrededor de 1,5 millones de euros en los trabajos de investigación en estos tres años y “como mínimo” la contratación de 17 personas para estas labores.
Fue este mismo año cuando la Delegación Territorial de la Junta en León admitió “definitivamente” la solicitud del derecho minero de este proyecto, tras casi doce años de trámites. En todo caso, el derecho de investigación “no confiere” el de explotación, el cual la empresa habrá de solicitar después de sus investigaciones y sus análisis sobre el terreno. Sin embargo, este documento ya le permitirá desarrollar sondeos, calicatas, geofísica, geoquímica y diferentes tipos de investigación que pondrán de manifiesto la viabilidad de esa explotación minera.
La investigación contemplaría, según el documento al que tuvo acceso Ical, la definición de una cartografía geológica específica que determinará las características litológicas, estructurales y tectónicas de los materiales aflorantes dentro de la superficie. También se establecerán “zonas útiles y más fácilmente explotables a nivel técnico”, número, posición geométrica, extensión, potencia explorable, etc., que permitirán precisar las reservas existentes, posibilidad de explotación y diseño de la misma. Igualmente, se observará “de manera inequívoca” la calidad y características físico-Químicas, grado de alterabilidad, ley del mineral, condiciones mineralógicas y metalurgia.
Si como resultado de las catas se hallara oro o algún otro metal interesante, ya se pasaría a solicitar la licencia de explotación a la Administración autonómica. A raíz de esa solicitud, el siguiente paso sería la declaración de impacto ambiental.
Para llegar a este punto, los técnicos de Andalucía Mining realizaron diversas investigaciones previas a nivel de oficina que se basaban en explotaciones romanas de oro existentes y en un trabajo previo de recopilación de información geológico-minera en los tres términos municipales para conocer con la mayor precisión posible la distribución de los yacimientos y las reservas de oro y metales pesados existentes en la zona.
La última fase, en caso de que finalmente obtuvieran la licencia para la explotación, sería, el plan de restauración, obligatorio para devolver el terreno a lo más semejante a su estado original.
Medios necesarios
El proyecto para solicitud de permiso de investigación prevé la contratación, “como mínimo”, de 17 personas: un director de proyecto (ingeniero de Minas), un subdirector (licenciado en Ciencias Geológicas), un ingeniero técnico de Minas, un geólogo de campo, un topógrafo, un ayudante, dos sondistas, un conductor, dos retristas (operadores de máquinas), cuatro peones, un administrativo y un informático. Si fuera necesario recuperar labores mineras subterráneas antiguas, añade el proyecto, se contratarían empresas especializadas, “elegidas de entre todas las existentes en la cercana cuenca minera del Bierzo”.
En cuanto a la maquinaria será, en principio, subcontratada para realizar las labores de investigación. Se trata, al menos, de cuatro vehículos todoterreno, dos retroexcavadoras, una máquina de sondeos para recuperación de testigo continuo y cuchara, equipos de topografía, un camión bañera y una planta piloto.
Por último, el documento sostiene que se encargará a empresas de servicios los ensayos de materiales y de maquinaria. Los análisis de todas las muestras que se consideren necesarios los realizarán el Instituto Geológico Minero de España (IGME) y las universidades de Oviedo y Salamanca, los cuales realizarán también los estudios petrográficos y mineralógicos.