En una provincia como la de León, donde los agricultores profesionales cultivan en arrendamiento más del 70% de la superficie de la explotación – porcentaje que se eleva al 100% en el caso de los jóvenes-, la mayoría de los acuerdos con particulares son verbales, pues ni los propietarios de las parcelas quieren firmar contratos escritos, ni la Ley de Arrendamientos Rústicos les obliga. Por otro lado, una gran parte de los propietarios no aceptan el pago de la renta por transferencia bancaria u otro sistema de pago que deje constancia.
ASAJA es partidaria de la formalización de contratos rústicos por escrito, sujetos a la Ley de Arrendamientos Rústicos, pero el sector no tiene mecanismos para cambiar la voluntad de los propietarios de tierras, que en muchos casos son familiares o personas unidas por una relación de amistad. Es la administración del Estado la única con capacidad legal e inspectora para obligar a que se generalicen los contratos rústicos por escrito, dando seguridad jurídica a las partes y transparencia fiscal a las operaciones.
Esta situación de falta de transparencia en los arrendamientos rústicos es más flagrante en las zonas de la provincia no concentradas, con tierras de cultivo marginal y pastos, donde el minifundismo por propietario es mayor y además las fincas son de menores dimensiones, a veces ínfimas dimensiones. En estos casos, el agricultor o ganadero tiene que acceder a todas las condiciones que impone el propietario, ya que en caso contrario no hay acuerdo y se quedan sin cultivar.
Este cambio normativo que hoy se ha publicado en el BOE, lejos de mejorar la situación, en opinión de ASAJA lo que va a hacer es a aumentar los conflictos entre arrendadores y arrendatarios, y puede que conlleve también falta de acuerdos, y como consecuencia que queden más fincas abandonadas en las zonas agrícolamente más marginales de la provincia. Además, consecuencia de los controles administrativos en los que no se acredite el arrendamiento, el agricultor se verá penalizado en un porcentaje de las ayudas que le pudieran corresponder de la PAC.
ASAJA. León, 15 de octubre de 2025.