Con esta decisión unilateral de la empresa, los productores pierden una opción de cultivo en sus explotaciones, con la que contaban para cumplir con normas de la PAC –como la diversificación, rotación de cultivos o los eco regímenes–, e incumplen el compromiso del programa agroambiental del PAC que tienen firmado en 2023 por un periodo de cinco años.
A ASAJA le consta que la compañía ha informado a la Junta de Castilla y León de su decisión, pero la Consejería de Agricultura no se ha manifestado al respecto, ni ante este hecho, ni ante la queja formal que semanas atrás ya había cursado la organización agraria. El argumento que esgrime Azucarera, de una forma verbal y sin dejar constancia escrita, es que los agricultores afectados tienen un historial de bajos rendimientos de remolacha por hectárea, y que por lo tanto con los precios actuales –en el entorno de 36 euros por toneladas– no cubrirían los costes de producción. La Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe hacer contratos de compraventa de productos agroalimentarios si el primer eslabón de la cadena no cubre sus costes de producción. Sin embargo, recuerda ASAJA, la inmensa mayoría de los cultivadores no cubren esos costes, aun con rendimientos altos, y siembran remolacha porque el beneficio, si es que lo hay, llega por la vía de las subvenciones de la PAC vinculadas a este cultivo. Tampoco debe obviarse que la mayoría de los bajos rendimientos de estos productores lo ha provocado la propia Azucarera con su modelo “contrato compartido” en el que ha sido la industria la mayor responsable de estos descalabros productivos, ya que el remolachero era un “mero trabajador” asesorado técnica y agronómicamente por ella.
ASAJA espera de la Junta un gesto contundente e inmediato que favorezca los intereses de los productores de remolacha, y que lo haga por sus competencias en materia de política agraria y por el compromiso público, adquirido ahora hace un año, de que no iba a permitir que los cultivadores se vieran perjudicados, a futuro, por el cierre de las dos azucareras antes citadas.
ASAJA reclama una igualdad de trato para con los agricultores de toda la comunidad autónoma, sin discriminar por tamaño de explotación o por distancia a los centros fabriles, exigiendo a la compañía una política de precios en sintonía con la de la de su competencia –ACOR-, y unas inversiones en su fábrica que la doten de capacidad para hacer las campañas remolacheras en un periodo no superior a noventa días. El alargamiento de la campaña está deteriorando en cantidad y en calidad la remolacha que espera en las fincas o en montones, y ocasiona pérdidas a los productores en la campaña siguiente, al retrasarse las siembras.