- El organismo de cuenca tiene identificados 847 puntos de vertidos en 18 áreas urbanas y en otras puntuales del medio rural, donde se unen las aguas de escorrentía fluvial y las residuales fecales, lo que provoca su degradación
ICAL
Las aglomeraciones urbanas de más de 50.000 habitantes equivalentes deberán presentar antes del mes de octubre de este año, en cada caso, un Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS), así como los estudios técnicos de detalle, en el ámbito territorial gestionado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Se trata de un documento que pretende favorecer la recogida, conducción y transporte de las aguas residuales hasta las estaciones depuradoras, “garantizando que su funcionamiento se desarrolle en condiciones compatibles con la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas del medio receptor”, según fuentes del organismo de cuenca a las que tuvo acceso Ical.
En particular, las medidas relacionadas con la operación y mantenimiento del sistema, la implantación de sistemas de monitorización y control de alivios y la renovación de infraestructuras prioritarias deberán acometerse durante los tres primeros años desde la aprobación del PIGSS (en octubre), mientras que el resto de actuaciones contará, con carácter general, con un plazo máximo de ejecución de diez años.
En este sentido, el la CHD tiene identificados 847 puntos de vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento en 18 áreas urbanas y en otras puntuales del medio rural, donde se unen las aguas de escorrentía fluvial y las residuales fecales, lo que provoca su degradación. De ellos, 11 de estas aglomeraciones corresponden a zonas de igual o más de 50.000 habitantes equivalentes, que suponen una población de 2,6 millones de habitantes equivalentes. Otras cinco, se sitúan entre 10.000 y 50.000, con 116.000 vecinos; y dos más, de menos de 10.000, con más de 13.000 personas, que se han seleccionado “por su especial incidencia”.
Cabe recordar que el parámetro de habitantes equivalentes se utiliza habitualmente en el sector hidrológico para estandarizar el impacto ambiental del agua residual bruta antes de ser depurada, pues no toda la contaminada proviene de viviendas, sino también de negocios, granjas o industrias, con lo que siempre supera a la población real.
Estos puntos detectados vierten a una masa de agua que “puede poner en riesgo el medio ambiente o la salud de las personas”, así como las características de que estos superen umbrales en relación con la capacidad de tratar las aguas pluviales.
En Castilla y León, deben acometer estos planes, en la primera de las categorías, las aglomeraciones de Ávila, con 250.000 habitantes equivalentes en dos municipios; Burgos y su alfoz, con nueve ayuntamientos y 635.000 equivalentes: la Mancomunidad de León y su alfoz, con ocho municipios y 336.000 habitantes; Palencia y su entorno, con tres núcleos y algo más de 170.000; Salamanca y su alfoz, con 16 municipios y 300.000 habitantes; Segovia, con tres y 115.000; Soria, con dos y 90.000 equivalentes; Valladolid, con seis municipios y 510.000 habitantes; y Zamora, con tres núcleos urbanos y 130.000. A ellos se suman Guijuelo, con 80.000 habitantes equivalentes, debido a su tejido industrial chacinero; y Medina del Campo, con 60.000, también por el desarrollo empresarial.
Las cinco áreas que se sitúan entre 10.000 y 50.000, con un total de 116.000 vecinos, son la de Aranda de Duero (Burgos), con cuatro municipios y 45.600 habitantes equivalentes; Astorga (León), con 20.700, Venta de Baños (Palencia), con casi 16.000; y El Espinar (Segovia), con poco más de 12.000. La CHD también contempla, dentro de su territorio hidrológico, la localidad orensana de Verín, por encima de los 20.000 habitantes equivalentes. Por último, el inventario obliga también al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso a elaborar este plan, con casi 7.000 habitantes, así como, de nuevo, El Espinar, por los vertidos a otro de sus ríos, concretamente el Moros, y que suma otros 7.000 habitantes equivalentes.
Consecuencia del modelo urbanístico
Fuentes de la CHD esgrimieron la necesidad de estos planes en este tipo de municipios debido a unos vertidos que son consecuencia del modelo urbanístico predominante, caracterizado por una “elevada proporción de superficies impermeabilizadas y por el uso generalizado de sistemas unitarios, en los que las aguas de escorrentía pluvial y las aguas residuales fecales circulan conjuntamente”. “Esto ha favorecido una incorporación creciente de aguas pluviales a las redes de saneamiento, lo que provoca, por un lado, la degradación de unas aguas de escorrentía que, en ausencia de mezcla, podrían mantener una calidad significativamente superior y, por otro, la superación puntual de la capacidad hidráulica y de tratamiento de los sistemas de saneamiento, dando lugar a alivios y desbordamientos hacia el medio receptor de aguas mezcladas con una elevada carga contaminante”, expusieron a Ical fuentes del organismo de cuenca.
Asimismo, se ha constatado que las primeras aguas de lluvia arrastran la contaminación acumulada sobre las superficies urbanas, lo que “genera una escorrentía cuya carga contaminante puede alcanzar valores similares o incluso superiores a los de las aguas residuales urbanas”. En este sentido, tanto el vertido directo de estas aguas como su descarga mezclada con aguas residuales generan “impactos significativos” sobre el medio receptor y sobre los objetivos de calidad ambiental de las masas de agua.
En este contexto, recuerda la CHD, los Planes Integrales de Gestión de los Sistemas de Saneamiento (PIGSS) constituyen el instrumento técnico de planificación que los titulares de los sistemas de saneamiento “deben elaborar para minimizar el impacto derivado de los desbordamientos en episodios de lluvia y optimizar el funcionamiento global del sistema”. Para alcanzar este resultado, resulta “imprescindible disponer”, en primer lugar, de un “conocimiento detallado de las infraestructuras existentes y de su capacidad de almacenamiento, transporte y tratamiento”.
Posteriormente, aboga por llevar a cabo una diagnosis funcional e hidráulica del sistema, complementada mediante modelización matemática que permita caracterizar su comportamiento durante episodios de precipitación. Finalmente, el PIGSS debe establecer objetivos de reducción de la contaminación asociada a los alivios y desbordamientos, “definiendo las actuaciones estructurales y operativas necesarias para alcanzar un nivel adecuado de protección ambiental”.
Nueva directiva de aguas residuales
Desde la CHD explicaron que la nueva directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, actualmente pendiente de transposición al ordenamiento jurídico estatal, introduce objetivos orientados a la reducción progresiva de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento durante episodios de lluvia. Entre ellos, se establece que la carga contaminante vertida mediante desbordamientos no debería superar el dos por ciento de la carga anual generada en tiempo seco en la correspondiente aglomeración urbana.
En términos prácticos, “esto implica limitar al máximo la fracción del potencial contaminante de la aglomeración que puede ser descargada al medio receptor sin tratamiento”. “Resulta evidente la necesidad de acometer inversiones significativas, cuyo fin último es posibilitar la mejora del estado ecológico y químico de las masas de agua”, comenta la CHD, quien señala que es especialmente más relevante “si se tiene en cuenta que los vertidos generados en una aglomeración urbana afectan habitualmente a otros municipios situados aguas abajo, incluyendo zonas de baño, espacios ambientalmente sensibles o captaciones destinadas al abastecimiento para consumo humano”.
El organismo de cuenca también estima que las inversiones necesarias para adaptar las aglomeraciones urbanas de menor tamaño a los nuevos requisitos normativos previsiblemente supondrán un coste unitario por habitante superior al de las grandes aglomeraciones, debido a la menor economía de escala de sus infraestructuras.
Por último, diversos estudios sitúan las tarifas de saneamiento y depuración aplicadas en España “entre las más bajas del entorno europeo, siendo en muchos casos insuficientes para garantizar la recuperación íntegra de los costes de explotación, mantenimiento y renovación de las infraestructuras hidráulicas, por lo que resulta previsible una revisión progresiva del actual modelo tarifario”, recalcó la CHD.