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Los socialistas denuncian que el Ayuntamiento continúa sin facilitar la documentación requerida pese a las reiteradas resoluciones favorables del Comisionado de Transparencia de Castilla y León y advierten de que esta situación dificulta la labor de control y fiscalización de la oposición
El PSOE de La Bañeza ha denunciado nuevamente la falta de transparencia del equipo de gobierno del Partido Popular y Vox, encabezado por el alcalde, Javier Carrera, al que acusa de impedir de forma sistemática el acceso de la oposición a la documentación municipal necesaria para ejercer sus funciones de control.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rodolfo Sánchez, ha recordado que el Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha vuelto a dar la razón al PSOE mediante una nueva resolución, fechada el pasado 3 de julio, que obliga al Ayuntamiento a facilitar diversa documentación solicitada por los concejales socialistas. Esta resolución se suma a otras emitidas durante el último año, en las que el organismo autonómico ya estimó distintas reclamaciones presentadas por el grupo municipal.
Entre la información figuran contratos municipales, expedientes de contratación, facturas, documentación económica relacionada con fiestas y eventos, modificaciones presupuestarias y diversa documentación administrativa que, según el PSOE, el equipo de gobierno continúa entregando de forma parcial o incompleta.
«La transparencia no es una opción, es una obligación democrática. El alcalde no puede seguir ignorando las resoluciones del Comisionado de Transparencia ni obstaculizando el trabajo de la oposición ocultando información que es pública», ha afirmado Rodolfo Sánchez.
El portavoz socialista ha señalado que esta actitud «solo alimenta las dudas sobre la gestión municipal». «Cuando, una y otra vez, se niega el acceso a expedientes o se entrega documentación incompleta, es inevitable preguntarse qué pretende ocultar el equipo de gobierno», ha manifestado.
El PSOE ha considerado especialmente preocupante que algunas de las resoluciones hagan referencia a documentación relativa a contratos, facturas y modificaciones presupuestarias, incluyendo expedientes de las fiestas patronales, eventos municipales o contratos de servicios, así como al contrato de gestión de la Escuela Infantil de 0 a 3 años y al servicio de limpieza adjudicado a Urbaser.
Sin secretario ni interventor titulares
Los socialistas también han vuelto a denunciar la situación de los puestos de habilitación nacional del Ayuntamiento de La Bañeza, que continúa sin secretario ni interventor titulares desde hace casi tres años.
Actualmente, el secretario presta servicio únicamente un día a la semana mediante acumulación de funciones, mientras que la Intervención sigue siendo asumida por el jefe de la Policía Local, una situación que el PSOE considera impropia de un municipio de más de 10.000 habitantes.
«El alcalde no tiene ningún interés en cubrir adecuadamente las plazas de secretario e interventor porque le incomoda el control y la fiscalización. Prefiere actuar sin la supervisión que exige la ley, y eso resulta tremendamente peligroso para la legalidad municipal y para la gestión de los recursos públicos», ha denunciado Rodolfo Sánchez.
Retrasos en el Punto Limpio
El Grupo Municipal Socialista también ha criticado la situación del Punto Limpio de La Bañeza, recepcionado en noviembre de 2018 durante el anterior gobierno socialista y que, años después, continúa sin entrar en funcionamiento.
Según el PSOE, la falta de actuación del equipo de gobierno ha provocado que ahora sea necesario acometer nuevas reparaciones para corregir deficiencias que, aseguran, ya eran conocidas y cuya subsanación correspondía a la empresa adjudicataria de las obras.
Para Rodolfo Sánchez, «la desidia del equipo de gobierno está suponiendo un coste añadido para las arcas municipales y un nuevo ejemplo de una gestión basada en la falta de planificación y de responsabilidad». El portavoz socialista ha exigido al alcalde que garantice el cumplimiento de las resoluciones de Transparencia y que ponga fin a una forma de gobernar que, a su juicio, «impide la rendición de cuentas y perjudica el derecho de los vecinos a conocer cómo se gestionan los recursos públicos».